EL MÍNIMO COMÚN DENOMINADOR DE LA PARTICIPACIÓN

Los humanos creamos la nación, el estado y el gobierno para mejorar nuestra calidad de vida. Le entregamos nuestra plena libertad, nuestra soberanía, nos sometemos a normas escritas en un papel a cambio de más seguridad, agua, salud, educación, etc. Sin embargo, por muchos años algunos gobernantes y administradores públicos con gran sentido monárquico y de despotismo ilustrado, han creído tomar las mejores decisiones para la mayoría. La constitución de 1991 oficializó en Colombia lo que pomposamente se llamó la democracia participativa, un sistema o forma de administración de lo público en la que el ciudadano del común tiene el derecho y el deber de aportar con sus ideas a las decisiones de la administración y el gobierno. Finalmente él es quien vive a diario su territorio, él es el que lo conoce más y el que sabe cómo quiere vivirlo con su familia. Por muy capacitados que sean los funcionarios que finalmente siempre son pasajeros en sus cargos y siempre son pagos por los mismos ciudadanos, no saben más que el ciudadano respecto de su territorio y sus aspiraciones.  

Por Carlos Mora

A pesar de los 30 años que tiene este concepto en la constitución nacional de los colombianos y que ha sido desarrollado a través de docenas de normas, ¿Por qué los ciudadanos cada vez están más alejados de las instituciones?, ¿Por qué los ciudadanos cada vez creen menos en lo que crearon para su propio bienestar y permanentemente siguen financiando? y ¿Por qué participan tan poco en la construcción de las decisiones que nos impactan a todos?. 

Esta es una cultura en la que todavía hay rezagos de monarquía, en la que se cree que el gobernante elegido debe saberlo todo y responder por todo. La mayoría pareciera no querer intervenir en sus decisiones, aunque afecten su calidad de vida y golpeen duramente su bolsillo. Los funcionarios finalmente no son más que ciudadanos que transitoriamente están prestando un servicio público, pero siguen siendo hijos de esa misma cultura monárquica y enciclopédica en la que entienden su papel como el de omnipotentes administradores que saben mucho más que los mismos ciudadanos sobre la calidad de vida de todos y por lo tanto les resulta muy difícil permitir que personas externas se metan en sus sapientes decisiones. “Para eso son los entes de control”, dicen algunos de ellos.   

Además, la mayoría de los funcionarios así tengan la intención de dar cabida a la participación real, al verse presionados por la enorme cantidad de normas que los agobia, terminan resguardándose en su zona de confort y entre menos compromisos adquieran menos riesgos corren de salir mal calificados. Por lo tanto, termina primando su interés profesional individual y el de sus dependencias por encima del objetivo fundamental de su trabajo, que debe ser aportarle prontamente a la calidad de vida de la mayoría, adaptando la administración a las nuevas circunstancias que se presentan.  ¿La mínima participación es mejor?

Y en la otra cara de la moneda a la mayoría de los ciudadanos, hijos también de esa cultura monárquica, tampoco le gusta salir de su zona de confort en la que es más fácil criticar, reclamar y acusar, que ir a informarse y participar en la construcción de las soluciones. “Para eso los elegimos, para que tomen todas las decisiones con el dinero que les pagamos de impuestos”, dicen algunos. La verdad es que son decisiones que nunca les gustan a todos, impuestos que realmente muy pocos pagan y participación muy escasa y con gran esfuerzo de convocatoria. Para entender la actitud de los que no participan, ¿Cuál será el término más adecuado? desidia, apatía, negligencia, dejadez, pereza  o desinterés de lo que pasa en su entorno y que obviamente también le afecta. ¿La mínima participación es mejor?

¿O será tal vez porque el ciudadano no ve suficiente interés en la administración de escuchar su opinión y alimentar realmente sus decisiones con la visión del que diariamente vive en ese territorio?

¿Para qué arriesgarse comprometiéndose desde la administración a convocar a ciudadanos reacios a participar?, corriendo el riesgo de que al final no se les pueda cumplir por culpa de terceros ausentes del compromiso y termine el funcionario siendo mal calificado.

¿Será mejor cumplir con los mínimos de las normas y a veces incluso manipular sus interpretaciones para cumplirle a todos los controles, pero desatendiendo el espíritu legal y no comprometiéndose con la participación real? 

Por todas las anteriores pareciera que es el común denominador hacer lo mínimo en la participación para el funcionario y para el ciudadano.  

¿La mínima participación es mejor?

El hecho cierto es que la causa de que la participación con incidencia en las decisiones no avance significativamente es este “mínimo común denominador”.

El no uso adecuado de esta herramienta, sostén fundamental de la democracia, no sólo hace más lenta la mejora en la calidad de vida de la mayoría, sino que además, afecta gravemente la esencia de nuestro sistema político. Tenemos que pasar de la tradicional arrogancia del liderazgo individual a más liderazgo colectivo, organizado, con agenda previa y con la propuesta como producto específico para construir mejores soluciones. Este mínimo común denominador de la participación, estimula la poca apropiación del territorio que genera serias consecuencias ambientales, administrativas, de convivencia y de calidad de vida. Beneficiando a la mediocridad, la ineficacia y la corrupción, que desangran gravemente a toda la sociedad y aumentan la pobreza.